En Guatemala, cada año se blanquea cerca de US$2 mil 700 millones, según las estimaciones del Global Financial Integrity, un crimen financiero que debe frenarse.
Desde la Cámara de Comercio Guatemalteco – Americana Juan (AMCHAM), Pablo Carrasco de Groote, presidente de esta gremial, afirma que el blanqueo de activos, así como la corrupción y el narcotráfico, son problemas regionales que demanda mayores controles.
Como asociación, asegura que los empresarios guatemaltecos miembros de AmCham, son capacitados constantemente en temas relacionados con el cumplimiento o compliance como se le conoce en las actividades de negocios.
Adicional a esto refiere, las autoridades regulatorias de EE.UU. le dan seguimiento a todas las operaciones financieras que se realizan dentro de esta nación centroamericana.
Juan Pablo Carrasco de Groote, también manifiesta que se han ido desarrollando instrumentos y regulaciones más sofisticadas para evitar o sancionar a los responsables de ilícitos, ya la evasión fiscal, lavado de dinero, cumplimiento y anticorrupción, son vigiladas de cerca por su principal socio comercial.
“Quienes están al margen de la ley, cada vez se les dificulta más y elevan sus riesgos al incurrir en este tipo de prácticas, porque el acceso a la información es mucho más amplio que anteriormente”, agregó, el presidente de AmCham Guatemala.
Como representantes del sector empresarial, señala que se deben fortalecer los controles, pero sin generar una burocracia excesiva para las empresas que la cumplen”, refiere Juan Pablo Carrasco de Groote.
De acuerdo a los empresarios guatemaltecos, existe una economía informal, la cual facilita el lavado de dinero y la relación que existe entre casos de corrupción y lavado, debilidad en algunas instituciones en su tarea de controlar el blanqueo.
En el informe del GFI detalla que los flujos de capital lícito en el continente y en su último reporte presentado, apunta que Guatemala es una de las economías más grande de Centroamérica, con PIB de US$76 mil millones, pero el problema de los ingresos delictivos es elevado y podría rondar unos US$1.5 mil millones a US$3.8 mil millones al año.
Tanto el GFI como Juan Pablo Carrasco de Groote, sostiene que los niveles de corrupción, beneficia el lavado de dinero, productos de los retrocesos en el combate a la misma.
En ese sentido, recomienda un trabajo en conjunto con las instituciones involucradas y aprovechar el apoyo que la nación estadounidense les brinda para combatirlo.