La Ley de Insolvencias o de Quiebras dará mayor certeza jurídica al sector financiero: Juan Pablo Carrasco de Groote

Con la normativa las personas individuales o jurídicas, podrán reorganizar sus obligaciones financieras y comerciales para sacar adelante sus negocios.

Juan Pablo Carrasco de Groote, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), manifestó que esta iniciativa es parte de la agenda económica legislativa que impulsaron y finalmente logró el consenso para su aprobación.

Para Carrasco de Groote, con esta Ley se tendrá mayor certeza jurídica para el sector financiero, y en el caso de los empresarios, podrán llevar adelante los procesos de quiebra que hoy son inoperantes.

Sobre esto último, mencionó como ejemplo, a Estados Unidos donde el problema de las quiebras es común, permitiéndole al sistema financiero y bancario, al igual que el privado, enfrentar la iliquidez de forma ordenada, sin afectar a los entes pasivos bancarios, mientras se lleva a cabo una reestructuración organizacional.

Para Guatemala, dice significa un avance sustancial, ya que cuando se han presentado quiebras, no hay posibilidad de rescatar los activos para afrontar los pasivos laborales, los pasivos bancarios y los acreedores comunes, explicó.

De acuerdo con la legislación actual, el banco está obligado a ejecutar las garantías y ahí desaparece todo el valor empresarial de una empresa, y es una situación de quiebra sin posibilidad de recuperación.

“Es positivo y hay que entender que no es un perdón de deudas, sino reestructuración de deuda, y después permite recuperarse de esa situación con un carácter temporal, que es algo muy común en Estados Unidos y esencial para el sistema económico moderno”, afirmó Juan Pablo Carrasco de Groote.

Se espera que en un futuro, las empresas guatemaltecas puedan acogerse a esta normativa para salir de una quiebra no incumplir a trabajadores ni entidades financieras ante la falta de liquidez.

La ley de Insolvencias o quiebras, permitirá que cualquier empresa reorganice sus compromisos, sin poner en riesgo sus activos, protegiéndose así también las fuentes de trabajo, como sucedió con el cierre de muchos negocios durante la pandemia y con los desastres naturales.